Convenios: fiscalía incautó equipos a Andrade en casa de diputada RD
Fiscal que indaga caso en Seremi de Vivienda de Antofagasta dijo que allanaron sin saber que era el domicilio de Catalina Pérez. Ministro entregó antecedentes.
Leo Riquelme
Tres archivadores con antecedentes sobre la relación entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda entregó ayer el ministro de dicha cartera, Carlos Montes, al fiscal regional (s) de Antofagasta, Cristian Aliaga, y al fiscal jefe de la ciudad, Cristián Aguilar, quien investiga eventuales delitos en la suscripción de tres convenios por 426 millones de pesos para realizar acciones en campamentos de la zona, contratos cuestionados porque se hicieron por asignación directa entre dos personas que estaban vinculadas directamente con la diputada Catalina Pérez, como son su ahora expareja, Daniel Andrade, y su exjefe de gabinete Carlos Contreras, todos militantes de Revolución Democrática (RD).
"(Contienen) toda la información que tenemos, el conjunto de información necesaria para la investigación, los datos que tenemos de las obras que se están realizando acá", dijo el ministro a la salida de la reunión, que calificó de "muy grata".
El fiscal Aliaga indicó que el material proporcionado consta de alrededor de 30 resoluciones relacionadas con convenios y traspasos de fondos entre la Seremi y la fundación, "que obviamente requieren un exhaustivo análisis por parte del fiscal", añadió. Muchos de ellos ya eran parte de los requerimientos que había hecho a la cartera el Ministerio Público.
Tras el encuentro, el fiscal Aguilar confirmó que al atardecer del martes efectuaron un allanamiento a una vivienda en Pedro Aguirre Cerda, que resultó ser de la diputada Catalina Pérez.
"No teníamos antecedentes de que pudiera ser compartido o tuviera vinculación con la diputada", afirmó el fiscal, quien aseguró que la diligencia se hizo ahí porque era un lugar que tenían identificado como un domicilio de Daniel Andrade.
El fiscal Aguilar precisó que de dicho inmueble incautaron un notebook y un teléfono celular del sospechoso, quien junto al exseremi son los únicos indagados en calidad de imputado en la presunta causa de corrupción.
El fin de semana funcionarios de la PDI habían concurrido a un inmueble de Ñuñoa que la fundación Democracia Viva había definido como su sede ante el Servicio de Impuestos Internos. Los detectives, sin embargo, se encontraron con que ahí vivía una persona que no tenía relación con la ONG y tampoco hallaron algún elemento que la conectara.
El fiscal Aguilar comentó que espera que los aparatos incautados les permitan "contar con antecedentes para esclarecer los hechos denunciados".
Monsalve destaca
La diputada Pérez no comentó ayer la diligencia que la afectó, a pesar de que ha negado que estuviera al tanto de los convenios hechos en su región por personas que eran tan allegadas a ella. En RD la desconfianza es creciente y ayer a ella se sumó el presidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre, quien hasta hace poco hablaba que había sólo "descriterio" de Andrade y Contreras.
"Es muy poco probable que (la diputada) no supiera, porque es su propia región, era su círculo cercano. Habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio (...) Hay que despejar su grado de responsabilidad", dijo en radio Universo.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valoró que la fiscalía allanara la casa de la diputada. "Puede parecer contradictorio pero me parece bien que cuando se investiga un eventual delito de mal uso de recursos públicos nadie esté fuera del alcance de la ley y no haya inmunidad ni impunidad. Me parece bien que en nuestra democracia el Ministerio Público tenga facultades para allanar los domicilios incluso de autoridades", comentó.
Monsalve agregó que Interior instruyó auditorías en todas las delegaciones presidenciales para fiscalizar todos los convenios que impliquen transferencias de recursos.