Leo Riquelme

El Poder Ejecutivo le quitó urgencia al proyecto para modificar la ley de usurpaciones de terrenos y advirtió que no la promulgará si mantiene los cambios introducidos en su tramitación. La ministra del Interior, Carolina Tohá, acusó a los parlamentarios de propiciar "una embarrada monumental" al equiparar sanciones por distintas situaciones y favorecer la autotutela, por lo que dijo que no la promulgarán en esas condiciones.

La jefa de gabinete recordó que la iniciativa tenía acuerdos en la necesidad de detener las ocupaciones y facilitar la detención de quienes la propiciaran; que se trate de un delito permanente para que el afectado requiera el desalojo a la fuerza pública y no en tribunales; y que se excluyera a los campamentos generados por la crisis habitacional.

Tohá dijo que lo convenido era combatir las tomas para propiciar "loteos brujos", instalar casas de veraneo en el norte u ocupar terrenos bajo "el escudo de la causa mapuche" en la Macrozona Sur.

"Pero de ahí vino un festival de ideas", dijo, cuestionando que se aprobara una indicación que propicia la autotutela por parte del afectado.

"Se puede ir a reivindicar por las propias manos un bien (...) Eso significa que las personas pueden organizarse, armar un grupo, contratar a unos tipos que vayan a pelear cuerpo a cuerpo por el bien usurpado. Eso el Gobierno no lo va a permitir, no se va a promulgar una ley que tenga esa norma y tenemos múltiples herramientas constitucionales para hacerlo", dijo.

Tampoco tolerarán que se sancione con la misma pena a quienes han protagonizado ocupaciones violentas con las pacíficas, como se aprobó.

Tohá indicó que quitarle la urgencia busca devolverla a la comisión de seguridad para corregir los problemas referidos a los campamentos, pues no cree que los diputados se allanen a restarle la autotutela e igualación de penas.

El diputado republicano Cristian Araya afirmó que "mientras más escucho al Frente Amplio y al PC hablar contra el proyecto, más me gusta el proyecto (...) Parece que hay una afinidad profunda ente la izquierda y las tomas ilegales", denunciando que en ellas se cometen delitos que son amparados por este sector. "Es importante restablecer el orden en nuestro país", agregó.

La excandidata a alcaldesa y diputada por Concepción, Camila Polizzi, presentó una querella contra quien era su pareja, Sebastián Polanco, los representantes de la OTEC Frumisal y contra quienes resulten responsables de las supuestas irregularidades en un convenio con el Gobierno Regional del Biobío por 250 millones de pesos que se adjudicaron ella y el grupo a través de la fundación En Ti, que arrendaron para dichos fines.

El recurso es por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumentos mercantiles. En el escrito, la exmodelo indica que él fue quien buscó a la fundación para adjudicarse el proyecto de capacitación en el Barrio Norte penquista.

Agregó que Polanco también fue quien hizo el contacto con un amigo, Matías Godoy, para vincularse con la OTEC, que efectuaría las capacitaciones. Godoy fue quien se autodenunció por las presuntas irregularidades. Polizzi, en tanto, afirmó que ellos tenían "la exclusividad del movimiento y uso de la cuenta y tarjeta de débito".

"Se ha hecho caudal por las compras de ropa interior que tales representantes realizaron y se me imputan sin tener razón alguna", dijo la denunciante en el escrito.

Polizzi ayer dijo que estaba colaborando con la investigación. "Espero que todo esto se aclare de la mejor manera. Yo estoy disponible", agregó.

El Presidente Gabriel Boric criticó la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano con apoyo de la UDI y RN contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por su supuesta relación con los convenios con fundaciones vinculadas a militantes de RD, partido que él fundó. "Las acusaciones tienen que tener sustento jurídico y no irse inventando sobre la marcha", dijo. Agregó que ordenó a todos sus funcionarios que colaboren con las investigaciones y añadió que si deben salir más autoridades por irregularidades, así se hará, "porque al final los que sufren con estos sinvergüenzas, los sinvergüenzas que dentro de nuestro Gobierno también han aparecido, los que sufren son las personas y eso no lo vamos a tolerar".

A cuatro días de que se emitiera una orden de detención en su contra, ayer se entregó en un cuartel de la PDI de Temuco el presidente de la corporación Kimün, Jaime Huincahue, investigado por presuntas irregularidades en un convenio con el Gobierno Regional de Los Lagos por $1.200 millones. De acuerdo a la indagatoria, la entidad recibió el dinero para regularizar propiedades de agricultores, de los cuales se sospecha que la corporación encabezada por el consejero de la Conadi del primer gobierno de Sebastián Piñera destinó $900 millones para pagar deudas de dos centros de educación superior administradas por Kimün. y que luego se vendieron a una fundación encabezada por el excandidato presidencial Diego Ancalao, que está en prisión preventiva por el caso.