Fabiolal Vega Molina - La Estrella de Antofagasta

Fue el pasado viernes cuando se confirmó que Antofagasta y Calama serán parte de las 46 comunas intervenidas por el plan Calles sin Violencia, una iniciativa del Gobierno para logra al control de la delincuencia y el crimen organizado.

Ante esto, la delegada regional presidencial, Karen Behrens, explicó que este plan se gestó ante el aumento de los homicidios en el país, lo que "ha significado un cambio en la dinámica de la perpetración del delito, aumentando el uso de armas de fuego y de imputados desconocidos, cuyo escenario ha provocado miedo e incertidumbre en la población", dijo Behrens.

La autoridad agregó que "se ha generado una crisis en materia de seguridad, debido a la dificultad de investigación y persecución penal que implica. Debido a estas nuevas formas delictuales, se exigen respuestas más sofisticadas por parte del Estado. Por esta razón, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se encuentra implementado la Política Nacional contra el Crimen Organizado, una estrategia de largo plazo que tiene por objetivo desbaratar organizaciones criminales, disminuyendo su poder de fuego y económico".

Además, señaló que en el corto plazo, el Gobierno implementará el plan de Intervención para disminuir los homicidios y delitos violentos denominado "Calles Sin Violencia" en las comunas y sectores con mayor concentración de estos hechos. En particular, se diseñará una estrategia de intervención específica para cada territorio en base a un trabajo coordinado con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

Cabe destacar que son 46 comunas las que serán intervenidas en este plan y fueron seleccionadas por la ocurrencia de homicidios según las cifras oficiales del Observatorio de Homicidios, en el cual participan las policías, Servicio Médico Legal y el Ministerio Público, entre otros.

Intervención

Este Plan Calles sin Violencia considera 3 líneas de acción. La primera, implementa un eje para tener una persecución penal efectiva, el cual tiene como objetivo esclarecer los homicidios y delitos asociados a ellos.

Es así que se establecerá un grupo de primera respuesta de homicidios, que partirá en la Región Metropolitana, el cual tiene como propósito generar información de manera ágil, levantando fuentes de información directas y con presencia en el sitio del suceso. El equipo de primera respuesta estará a cargo de un fiscal especializado y preferente, coordinado desde la Fiscalía Nacional (Unidad especializada de Crimen Organizado y DIVEST) y estará compuesto fiscales, analistas, abogados/as asistentes, analistas URAVIT y personas apoyo administrativo.

Además, la Policía de Investigaciones (PDI) dispondrá de un grupo de investigación especializado dedicado a esta labor, conformado por funcionarios/as entrenados y especializados en investigaciones criminales.

La segunda línea de acción es "actividad policial", y en esta fase Carabineros realizará patrullajes para prevenir la ocurrencia de homicidios y delitos violentos, a su vez de visibilizar mayor presencia policial en sectores con alta ocurrencia de delitos.

Este patrullaje implicará un aumento de la presencia de Carabineros en sectores altamente conflictivos para disminuir la percepción de inseguridad e impunidad, priorizando sectores y horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios, disparos, amenazas de muerte y drogas.

Por último, se hará una fiscalización de infracciones e incivilidades como también de armas para asegurar la tenencia responsable y que estén legalmente inscritas y sacar de circulación las ilegales e irregulares y se harán rondas de fiscalización para poder dar captura a personas que cuenten con órdenes de detención pendientes, a través de la implementación de Checkpoints policiales en zonas de alto flujo.

"Es una estrategia de largo plazo que tiene por objetivo desbaratar organizaciones criminales".

Karen Behrens, delegada presidencial regional.