Leo Riquelme

Dos días después que parlamentarios demócratacristianos amenazaran con no respaldar un acuerdo constitucional si no se establecía el voto obligatorio a todo evento, el Gobierno cedió y ayer anunció que le pondrá urgencia a la iniciativa, que buscará terminar con la voluntariedad aprobada en 2012.

"Nos parece que es una realidad y está con el sentido común de las personas el hecho de que la participación ciudadana, en el ámbito cívico de elección de autoridades, es una obligación. Tal como hay derechos ciudadanos, también hay deberes ciudadanos", dijo al anunciar la decisión la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.

Tras una década de voluntariedad, el sufragio obligatorio se repuso circunstancialmente para el plebiscito constituyente del 4 de septiembre pasado, cuando votaron más de 13 millones de personas, la cifra más alta para unos comicios en la historia nacional.

Las conversaciones entre los partidos para mantener el proceso constituyente consideraban repetir la exigencia para un posible plebiscito de salida, aunque la DC el lunes fue más allá y demandó que se repusiera la obligatoriedad definitivamente.

"Con la urgencia que pone el Gobierno queda clarito que la participación ciudadana debe ser obligatoria en momentos que son tremendamente cruciales para el futuro del país", celebró el senador falangista Iván Flores.

Actualmente el Congreso cuenta con un proyecto en ese sentido, que se encuentra en segundo trámite en el Senado. El presidente de la comisión de Constitución de dicha corporación, Matías Walker (DC), festejó el anuncio de La Moneda y sostuvo que lo pondrá en tabla de discusión para la sesión del jueves de la próxima semana.

Reponer el voto en estas condiciones fue una recomendación que hizo el propio Servicio Electoral.

Seis de cada diez locales dedicados al comercio fueron víctimas de algún tipo de delito en la primera mitad del año. Así lo estimó un estudio realizado por la Cámara Nacional de Comercio, que detectó una fuerte alza en la victimización de los comerciantes.

El sondeo encuestó a 1.214 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt, detectando que el 58,6% fue víctima de la delincuencia en el primer semetre. El registro es el más alto desde el 2017 y marca un segundo aumento tras una fuerte baja de delitos en los años de pandemia.

De acuerdo a la medición, las ciudades más afectadas fueron las de Antofagasta, Valparaíso, Puerto Montt y Santiago, mientras que las víctimas predilectas de los delincuentes son los negocios del retail, seguidos por las empresas de menor tamaño.

El alza se vio impulsada por un incremento en seis categorías de delitos. La que más subió fueron los daños a locales, que incluyen rayados, destrozos e incendios, delito que reportaron el 27,6% de consultados. Le siguen el hurto y hurto hormiga, que afectó al 24,4% y 21,3% de locales. Más atrás aparecen el robo de accesorios de vehículos comerciales (16,5%), delitos económicos (11,9%), robo de mercancia en ruta (9,5%), robos violentos (4,8%), la sustracción de vehículos de la empresa (3,7%) y los saqueos (2,3%).

El estudio constató además que un 57,9% de locales victimizados no denunciaron los hechos, y un 55% cree que la delincuencia crecerá. "Nos duele el constante temor con que viven los trabajadores y locatarios", dijo el presidente del gremio, Ricardo Mewes.

En la jornada el Gobierno anunció un proyecto para mejorar la llamada "Zona Cero" de la capital, en el límite comunal entre Santiago y Providencia, sector donde el comercio resultó gravemente dañado tras el estallido social.

La iniciativa considera que la Subdere destine más de 2 mil millones de pesos para recuperación de fachadas y espacios públicos en los barrios Balmaceda, Bustamante y Lastarria.

El subsecretario Nicolás Cataldo afirmó que la idea se complementará con medidas para mejoras en seguridad.

Una nueva jornada de incidentes se vivió en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA). Luego de que el martes un grupo de violentistas apedrearan un cuartel del Ejército aledaño e hirieran a cuatro efectivos, ayer los militares del recinto acusaron haber recibido bombas molotovs lanzadas desde el colegio santiaguino.

El general Jean Pierre Iribarra, comandante de la División de Ingenieros del Ejército, contó que las bombas incendiarias prendieron parte del techo de las dependencias, lo que generó un amago de incendio que fue contenido por los mismos militares, según se aprecia en un video grabado al interior de la sede.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, repudió los ataques al cuartel y abogó por aplicar los manuales de convivencia y expulsar a estudiantes que incurran en "una actitud matonesca".

La rectora del INBA, María Benavides, aseguró en radio ADN que han realizado expulsiones y cambios de colegio a quienes participan en actos violentos. "Lo vamos a seguir haciendo", afirmó.

Pese a ello, la funcionaria denunció que en los desmanes del martes el colegio también fue atacado. "Empezamos a recibir piedras desde el recinto militar. Yo estaba en ese lugar, yo lo vi", dijo la rectora, quien contó que un alumno de básica y otro de enseñanza media resultaron con heridas en la cabeza.