Policías y desconfianza

Señor director:

La reforma a la policía es uno de los temas que se ha tomado la agenda del país durante los últimos años. Pero la reciente muerte de Valeria Vivanco, funcionaria de la PDI de apenas 25 años, dejó en evidencia que esta no sólo debe hacerse a Carabineros, sino también de la rama civil de las policías.

Vimos cómo quedó demostrado que la versión original que sustentaron los compañeros de la víctima, ambos funcionarios de la PDI, se alejó absolutamente de la verdad. Mintieron y no sólo en una oportunidad, sino en varias y con la intención de ocultar un comportamiento que en principio podría haberse calificado de error, pues cuando se manejan armas ese tipo de errores ocurren, aunque en una policía profesional no deberían pasar.

No obstante, la actuación de los policías ha sido derechamente delictiva, sembrando un manto de dudas sobre cómo ocurrieron los hechos, quedando prácticamente descartada la accidentalidad. Actuar que mantuvo en prisión preventiva a personas que, según ha quedado demostrado, no tuvieron participación en la muerte de la Subinspectora Vivanco.

Estos hechos nos hacen pensar que la confianza que se ha depositado en las policías debe ser revisada y ser sometida a constante observación y custodia. En particular, la especial acreditación que le dan los tribunales a los dichos de quienes están precisamente encargados de perseguir a quienes cometen delitos, ya que un actuar como el que vimos en este caso, implica que personas pasen largos periodos privados de libertad. A esto se suma que Consejo de Defensa del Estado ha anunciado una querella en contra del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

Ambas situaciones evidencian que los vicios que se creían propios de algunos son más generalizados de lo que pensábamos. Es de esperar, entonces, que el proceso constituyente, traiga novedades y transformaciones al respecto, cambios de forma y fondo a la relación de las policías y la comunidad.

Carlos Silva

profesor de Derecho Penal

Universidad Andrés Bello