Redacción - La Estrella

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a cuatro personas que protagonziaron el delito consumado de robo con homicidio y robo con violencia e intimidación. Ilícitos perpetrados en junio de 2018, en la localidad de Quillagua, comuna de María Elena, en medio de una "quitada" de cigarrillos de contrabando, donde fallecieron dos personas.

El Tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 17 de junio de 2018, en circunstancias que las víctimas, además de otras personas, se desplazaban en conjunto a bordo de vehículos cargados con pacas de cigarrillos por la ruta denominada 'Animita del Cigarrero', ubicada en forma paralela a la Ruta 5 Norte, entre las 16:00 y las 17:00 horas aproximadamente ;y al llegar la caravana de vehículos a la altura del sector denominada como 'Pampa Joya', ubicado al interior de Quillagua, llegó al lugar una camioneta, la cual había sido avistada a lo menos en dos ocasiones anteriores el mismo día en la ruta que seguían.

Atraco

Aquí se transportaban entre 7 y 8 personas, entre las cuales se encontraban los acusados G.T., M.O., J.G., y E,M. Varios de los ocupantes del móvil estaban armados y algunos de ellos vestidos con ropas militares. Todos se bajaron rápidamente y quienes estaban armados comenzaron a intimidar a las víctimas, haciendo disparos al aire, señalándoles que eran policías y que debían entregar los vehículos con los cigarros. Durante esta acción, varias de las víctimas fueron reducidas y maniatadas, y algunas de ellas golpeadas, mientras otras pudieron escapar.

En dicho contexto, el fallo agrega que, "(…) de parte de los cautivos existió oposición a la sustracción, lo cual dio paso a una pelea entre varias de las víctimas y los asaltantes, lo que originó que el acusado E.M., con el fin de repeler dicha oposición y lograr así la sustracción, procediera a disparar el arma de fuego que portaba en contra de las dos víctimas, quienes, debido a los disparos efectuados, resultaron con heridas de proyectiles balísticos".

Acto seguido, y mientras las víctimas estaban sometidas, heridas e intimidadas, los acusados, junto a los demás sujetos no identificados, se apropiaron de algunos vehículos de la caravana, procediendo a retirarse, los cuales se encontraban cargados con cigarrillos, además de diversas especies personales de las víctimas como teléfonos celulares, una linterna y radios portátiles

Posteriormente, las víctimas se trasladaron en uno de los vehículos que los asaltantes no pudieron llevarse, hasta el Retén de Carabineros de Quillagua, donde hicieron la denuncia respectiva. Se detuvo a los implicados horas más tarde.

Con dos días de retraso por los problemas técnicos y sanitarios que enfrentó, ayer comenzaron las actividades formales de la Convención Constitucional para proponer una carta magna al país en 2022. En la jornada, el Gobierno anunció la salida del secretario ejecutivo que tuvo como "enlace" con la instancia, Francisco Encina, por las fallas que frustraron el inicio del lunes, y en su lugar nominó a la exministra Catalina Parot, de Evópoli.

En primera cita la Convención sorteó la ubicación de los 155 miembros en los cinco salones que ocuparán para mantener la distancia social. Asimismo, la mesa encabezada por Elisa Loncon convocó a la creación de comisiones de reglamento para operar, de presupuesto y fiscalización, de ética y sanitaria; y por la tarde discutieron la posibilidad de ampliar las vicepresidencias, para atender toda las necesidades.

Marco Arellano, convencional por la Lista del Pueblo, pidió que se discutiera la recuperación de los "días perdidos" por los desperfectos arrogados al Gobierno, y por el cual se insistieron en los pedidos de renuncia y una acusación constitucional contra el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, como responsable de la cartera que debía habilitar las dependencias.

El convencional PS César Valenzuela dijo que hasta el martes no habían basureros en la oficina de la mesa.

Ossa respondió que ocurrió "un problema que lamentamos, respecto al cual nos disculpamos", pero pidió que se considere que sólo afectó un día de funcionamiento.

"Llegó la hora de trabajar", emplazó el ministro.

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, agregó que los pedidos de renuncia y acusaciones contra el ministro de la Segpres estaban "alejados de la realidad" y fustigó al Partido Comunista, al que una vez más le recordó que no apoyó el acuerdo político en noviembre de 2019 que dio inicio al proceso constitucional.

El subsecretario Máximo Pavez aseguró en la mañana que ya estaban "todas las condiciones cumplidas" para operar, mientras que la seremi de Salud, Paula Labra, agregó que las medidas sanitarias se adecuan a las exigidas para un lugar de trabajo, aunque no respondió sobre por qué no verificaron antes.

Elisa Loncon respondió que hasta ayer tenían "las condiciones básicas" para funcionar, pero no todas las necesarias. Por ejemplo, citó la falta de traductores para llevar al español la alocuciones en los idioma nativos de los representantes de los pueblos originarios. Otros acusaron que no habían aún correos electrónicos ni sistemas de escaneo con huella digital.

Un niño de dos años que viajaba junto a su padre en un triciclo eléctrico murió durante la mañana de ayer a causa del impacto que sufrió en un accidente.

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 horas en la calle Teniente Yávar, en la comuna de Conchalí, en la capital.

De acuerdo a la versión entregada por Carabineros, el ciudadano haitiano que conducía el vehículo -conocido popularmente como "torito"- pasó por un bache que causó el desvió del carro hacia un auto que estaba estacionado en ese sector. Producto del impacto el pequeño habría salido eyectado y a causa del golpe murió.

De acuerdo a TVN, vecinos del sector lamentaron el hecho y arremetieron contra las autoridades por el mal estado en que se encuentran las calles del sector.

El padre de la víctima fatal fue detenido y se esperaba su eventual formalización por su posible responsabilidad en lo sucedido.

Según reporta la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, la ley define los "toritos" como vehículos motorizados de tres ruedas destinados exclusivamente al transporte de carga. Esta capacidad de carga no puede superar los 300 kilogramos de peso y no podrán transportar personas en los espacios destinados a ella.

Para conducirlos se exige el uso de la licencia clase C, patente municipal, revisión técnica al día y certificado de un seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados (SOAP).

Además, deben ser manejados con un casco debidamente acreditado por la normativa nacional.