¿Qué temas debería contener la nueva Constitución?

Terminada la elección de los integrantes de la Convención Constituyente para la redacción de una nueva Constitución, es importante preguntarse cuáles son los temas que este nuevo texto debiera incluir.

Se espera que una Constitución al menos contenga normas sobre la organización política del Estado, la distribución de funciones entre los distintos poderes, las labores que tendrán los principales órganos estatales, normas sobre derechos fundamentales y sus garantías, y sistema de fuentes del derecho.

De esta manera, es fundamental que una Carta Magna defina cuál es la forma que tendrá el Estado, si será unitario (como hasta ahora) o compuesto (como ocurre con los Estados Federales). También se debe definir cuál es el rol que ejercerá el Estado respecto de los habitantes de la República, y de qué manera la ciudadanía podrá intervenir en las decisiones del Estado, esto es, si tendremos una democracia representativa (como hasta ahora) o bien tendremos una democracia directa o participativa donde los asuntos que actualmente se discuten en el Congreso, son sometidos previamente a plebiscito para que la ciudadanía determine si deben tener o no una regulación legal.

También la nueva Constitución debe definir cuáles son los órganos indispensables para el cumplimiento de los fines del Estado y, por tanto, debe pronunciarse sobre las funciones del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial como, asimismo, debería pronunciarse sobre el rol de las Fuerzas Armadas, de la Contraloría General de la República, y de la función y composición del Tribunal Constitucional como ente que vela por el principio de la supremacía constitucional.

Es indispensable que la nueva Constitución reconozca, promueva y ampare los derechos fundamentales que hoy constituyen la base de todo Estado de Derecho, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, la educación, pero también es necesario que la Carta reconozca derechos específicos respecto de aquellos colectivos que normalmente se han visto excluidos, discriminados y que son grupos vulnerables, tales como las mujeres, los pueblos originarios, los migrantes, los niños, las personas mayores, y que además cuentan con derechos reconocidos en tratados internacionales que actualmente se encuentran vigentes.

Por último, y respecto del sistema de fuentes del derecho, una Constitución debería establecer de qué manera se incorporarán en Chile las normas internacionales que son de tanta relevancia en materia comercial y de derechos fundamentales.

Elecciones y fragilidad social

El proceso democrático que se realizó este fin de semana marca el inicio de dos instituciones inéditas en el contexto nacional. Por un lado, la elección de los convencionales constituyentes, quienes por primera vez elaborarán una Constitución de manera consensuada o al menos discutida. Y por otro lado, la elección quizás con más injerencia en lo inmediato: la de gobernadores regionales. Una elección postergada en múltiples oportunidades, a mí parecer, debido al escaso interés de quienes detentan el poder de ceder una cuota de éste y, lógicamente, a los avatares propios de la pandemia.

No menos importante es que en este proceso se elijan alcaldes y concejales. Figuras que administrarán el gobierno local y en el que figuras emblemáticas que han permanecido por décadas en sus cargos, ya no podrán participar. Al menos no postulando a los mismos cargos, pero sí turnándose como si los asientos de los concejos municipales fueran una especie de juego de silla musical.

Lo que no cambia, eso sí, es la percepción que algunos tienen sobre estos procesos. Es decir, el miedo al cambio, a lo desconocido o a romper el statu quo como dice Zygmunt Bauman. En una sociedad líquida, en la que también existe un miedo líquido que sale a relucir, precisamente, en instancias decisivas y fundamentales como esta jornada de elecciones desarrollada el fin de semana.

A ese miedo debemos agregar la pandemia. Fenómeno que, de una forma u otra, nos infringe un justificado temor. Esto altera aún más, el precario equilibrio en el que nos encontramos en lo personal y social.

Pero estos miedos, injustificados la mayoría y justificados los menos, no nos pueden hacer olvidar lo central que resulta participar, manifestar nuestras ideas y con ello movernos de la mejor manera que existe, todos juntos unidos en el anhelo de un Chile mejor.

Rol del Estado en la nueva Constitución: la gran batalla

El proceso constituyente continúa avanzando en medio de la pandemia, crisis social y por cierto, el propio problema institucional de legitimidad y eficiencia de las respuestas estatales. En este contexto de incertidumbre, retos y nuevas realidades debiese comenzar a establecerse con más fuerza, precisión y detalle, la discusión del rol del Estado.

El actual es subsidiario y según la opinión de diversos actores, este debiese ser superado y ampliado a un proceder más activo, de mayor incidencia y garantías en favor de las y los ciudadanos. La discusión sobre cuál será el rol del Estado que se establecerá en la nueva Constitución, será la discusión estratégica y quizás la disputa cultural de mayor relevancia entre los constituyentes. De aquella definición, se responderán interrogantes tan importantes como ¿Cuál será el rol?, ¿De qué manera lo realizará?, ¿Cómo se garantizará? Y de qué forma las y los ciudadanos podrán reclamar lo establecido.

La respuesta a estas preguntas nos arroja diversas orientaciones en materia de institucionalidad, nacionalidad, ciudadanía, derechos y deberes del gobierno, la administración del Estado, el congreso, las leyes, el poder judicial, entre otros. En definitiva, esta constitución establecerá un nuevo arreglo institucional y social, que reflejará el Chile actual y el que queremos proyectar, una carta de navegación normativa que guiará las acciones gubernamentales, del mercado, la sociedad civil y las personas. El campo de juego está a la vista, las preguntas sobre la mesa y las respuestas, será tarea de los y las constituyentes electos este fin de semana.

Hablamos de aspectos tales como: Los derechos que consagrara, cuáles serán fundamentales a la hora de decidir y cómo se garantizarán los mismos. Por ejemplo, el derecho a la actividad económica será superior o más relevante que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación o el derecho al agua y especialmente al agua potable será más importante que el derecho de propiedad del mismo. Son disyuntivas de carácter ideológico que se harán presentes en la discusión, porque no se trata de conceptualizaciones antojadizas, sino que las mismas tendrán impacto y efecto sobre el país, su desarrollo, territorios y personas.

La discusión política y técnica con respecto al rol del estado, está situada actualmente de manera binaria, donde por un lado están los que defienden el principio de subsidiariedad del Estado y otros que apuntan a un Estado social de derechos: la primera establece y limita al Estado a actuar solo en los ámbitos y áreas que el sector privado no participa o presenta fallas, en definitiva, el mercado posee un rol relevante y central para el desarrollo de acciones. Por otro lado, el Estado social de derecho busca garantizar la vida digna de los ciudadanos estableciendo una serie de prestaciones garantizadas por el Estado.

Por tanto, debemos evaluar cuáles son las condiciones, formas y mecanismos de reclamo por las condiciones incumplidas, que será un debate complementario a la anterior mencionada. Mientras tanto debemos dejar como tarea específica el responder a los temas de salud, educación, seguridad social, trabajo, vivienda, seguro de desempleo, acceso a la cultura, medio ambiente entre otros.

Finalmente, el rol de Estado será la gran batalla ideológica, cargada de aristas de impacto que la hacen sustantiva; será también, la discusión más compleja que orientará y permitirá acotar las siguientes discusiones y por tanto, destrabar gran parte de los asuntos que hoy aparecen complejos de llevar.