Prueba de Transición Universitaria

En el marco de la realización de la PTU, las principales demandas de los movimientos estudiantiles mantienen las solicitudes que vienen hace un tiempo requiriéndose de mirar en una más amplia dimensión. El ingreso universal "suena bien", parece justo y nos daría "valor" como sociedad consciente de nuestras desigualdades. Sin embargo, y así como se ve incluso en colegios, la inclusión no es considerada desde las propias necesidades y gustos. Es decir, es en el discurso democrático y humano, el ingreso universal es un requerimiento legítimo, pero las preguntas reales debieran acompañar ello con: ¿Será posible- necesario y deseable por cada alumno del sistema escolar ingresar a una universidad? ¿Nuestra sociedad necesita sólo profesionales universitarios? ¿Estamos preparados con plazas laborales para ello?

En otras épocas, la universidad asomó como la fuente del conocimiento, acceder a mejores espacios laborales y desarrollarlos de manera sistemática. Hoy, en esta nueva realidad, el ingreso universal debiera asegurarse, pero a la vez crear espacios de diferenciación y diversificación de las posibilidades, pues en estricto rigor, el sistema ya no sostiene las carreras actualmente saturadas de profesionales sin trabajo.

Recargo al medicamento más caro del mundo

Si el Estado no es capaz de otorgar "el medicamento más caro del mundo", al menos debería considerar no sobrecargar su costo: el precio es de unos 1.600 millones de pesos y, adicionalmente se debe considerar otros 300 a 400 millones por concepto de impuestos.

Nuestra Constitución, con todos los puntos positivos y negativos que contiene, consagra expresamente en su artículo 19 N°20, inciso segundo que "en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos". Y, es lo que ocurre en el caso del remedio que puede salvar la vida de Rafita.

En otras latitudes se ha considerado, por ejemplo, por el Defensor del Pueblo de España que las mascarillas y el alcohol gel no deberían pagar IVA por ser de primera necesidad ante la pandemia. En el caso concreto de Chile, me hace recordar el año 2015 cuando el SII dejó sin efecto el cobro del IVA para exámenes médicos.

Criterios similares podrían considerarse por cualquier órgano recaudador, y, en caso contrario, ante un eventual cobro judicial, en el que podría requerirse de inaplicabilidad para que el Tribunal Constitucional declare inaplicable cualquier precepto legal guiado al cobro manifiestamente desproporcionado o injusto de los tributos relacionados con el medicamento que podría salvar la vida de Rafita.

Juan Pablo Díaz Fuenzalida