Cartas
Admisión y el derecho a la educación superior
Señor director:
La ley 21.091 sobre Educación Superior (E.S.), que parte declarando "La educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas..."
A este inédito reconocimiento le preceden una decena de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, que en los años '40 instalan la idea de Acceso Equitativo, de los '60 a los '90 problematizan sobre la discriminación que impide la igualdad en el Acceso, y para el 2008 terminan de reconocer la E.S. como un derecho humano universal, bien público y deber del estado.
Hacerle justicia plantea un desafío histórico que hace ineludible desafiar la lógica que subyace al sistema de admisión. Y aunque la discusión pareciera agotada (más aun sobre la PSU), en ella persiste una notable omisión: más allá de sus instrumentos, lo que aun no se cuestiona son sus objetivos.
Y es que el Sistema Único de Admisión (SUA), es esencialmente un sistema predictivo, que busca "ordenar" a las personas según sus puntajes para estimar quiénes tendrían mejor desempeño futuro.
De esta forma, Ranking, NEM y PSU se han confrontado en veredas opuestas de una misma avenida, cuyo destino promover a quienes obtienen mayores puntajes como deseables, y quienes obtienen menores puntajes como riesgosos. Por medio de la predicción, se estima el "riesgo" de admitir a un estudiante por sobre otro, a lo que subyace una orientación estratégica: se busca establecer a quién convendría más admitir.
Luego, la cuestión central de la admisión no es la PSU, sino la instrumentalización de los factores de selección en múltiples procesos que dejan a las universidades compitiendo en torno a un complejo entramado de incentivos perversos que impactan en el financiamiento, acreditaciones y rankings.
Visto en perspectiva, la urgencia más inmediata consiste en cuestionar los sentidos históricos que fueron relevantes para una universidad para las élites, pero que no logran responder a las demandas sociales ni a la urgencia de superar la desigualdad. Esto nos obliga a repensar primero los objetivos y abandonar la predicción estratégica, aceptando que toda institución educativa se debe a la educación, y este, en cuanto derecho, le pertenece a las personas.
También amerita revisar nuestra jerga educacional, anticipando que "seleccionar" o "admitir" contraviene el sentido de la educación como un derecho. Pero falta aun un término que describa aquello que media entre aspirar y acceder efectivamente, para que también enuncie que debe estar al alcance de todas las personas.
Rafael Miranda