Julia Chang Aching
Hace más de dos años, Julio Tapia González, expresidente de la Asociación Gremial Minera de Tocopilla hasta el 2016, fue víctima de una serie de acusaciones por parte de un grupo de socios de la agrupación, publicación que fue acogida en nuestra edición del diario impreso del viernes 28 de octubre de ese año.
Los protagonistas fueron 4 integrantes del gremio de ese año, quienes denunciaron al exdirigente por: "Delito de Falsificación de Instrumento Público, previsto y sancionado en los artículos 193 y 194 del código penal, Estafa, sancionado en los artículos 468 y 473 que habla de Apropiación Indebida de dinero, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal y, por Fraude Tributario, previsto en el artículo 97 número 4, inciso 1 y 2 del Código Tributario", todo a través de una querella criminal.
Hoy Julio Tapia quiso hacer pública la resolución de este caso que tomó más de dos años en obtener su final, tomando este relato como su derecho a réplica frente a la acusación de malos manejos en rendiciones de cuentas, platas y problemas tributarios de los que fue acusado en ese entonces.
"Todo comenzó con presiones para que se entregara el inmueble en donde funcionaba la asociación. Fui víctima de amenazas, ataques verbales, físicos, intentos de tomas, robo de documentación, derrumbamiento de puerta, pero yo jamás fui dueño de ningún inmueble, ya que esta propiedad siempre perteneció a la asociación minera. Me presionaron incluso frente a autoridades de la minería, Sonami, Ministerio de Economía y algunos políticos con el fin de sacarme de este puesto y que los socios de ese entonces renunciaran a la asociación. Asediaron mi domicilio para exigir las llaves de la sede y mi renuncia, asustando a mi hija e invadiendo mi hogar. No conformes con todo esto interpusieron una demanda criminal y civil en mi contra, incluso pidiéndome hasta 85 millones de pesos como indemnización" declaró Julio Tapia.
La resolución dictaminada por tribunales apunta lo siguiente frente a la demanda impuesta: " Se rechaza en todas sus partes la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Esteban Páez, Alberto García, Pablo Gallardo y Sergio Augusto, en contra de Julio Tapia González. Omitiendo pronunciamiento en relación con la objeción documental y condenando en costas a los demandantes", destacando que: "Basta leer los testimoniales para advertir que los dichos de los deponentes no sustentan los sostenido por los actores", y que en el tiempo en que se realizó la demanda "los actores no gozaban de legitimación activa, no teniendo motivos plausibles para litigar".
El término de este juicio y las correspondientes apelaciones llegó a su fin con la carga pendiente de los demandantes, quienes tuvieron que hacerse cargo del pago de los gastos que implicó dicha audiencia.