El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) requirió información a las principales editoriales de libros escolares y plataformas digitales de contenidos para colegios particulares pagados, para saber cómo son sus modelos de negocio y así saber cómo se informa a los consumidores aspectos básicos como las condiciones y precios de los convenios con los colegios, eventuales subsidios a los mismos, entre otros.

La investigación que realiza el Sernac se remonta a denuncias llegadas en agosto de 2018, en el que el Servicio requirió información a colegios particulares. Esto, ya que ha detectado nuevas modalidades para proveer contenidos a colegios particulares pagados, en convenios cuyas condiciones y costos muchas veces son desconocidos por los apoderados.

Ignacio Araya

Fuertes se vienen las multas a quienes impidan el acceso libre a las playas de nuestras costas, ya que todas son consideradas bienes nacionales de uso público y, como tal, pertenecen a todos los chilenos. De acuerdo a lo publicado el viernes en el Diario Oficial, las sanciones van entre las 10 y las 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

La ministra (s) de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, explicó que una vez se fijen las vías de acceso a la playa, cualquier propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno que cierre la entrada, o lo obstaculice, puede ser denunciado ante el Juzgado de Policía Local. Ahí, el infractor será sancionado con la multa. "En caso de reincidencia, el Juez podrá aplicar una multa equivalente al doble del máximo establecido", dice.

Por otra parte, Bravo señaló que el artículo 13 del decreto ley Nº1.939 de 1977 especifica que los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deben facilitar el acceso gratuitamente para fines turísticos y de pesca, cuando no hay otras vías o caminos públicos.

"En el caso de los ríos y espacios de agua del norte, se aplican las reglas generales de determinación de acceso, a petición de cualquier persona natural, organización social o gremial que solicite acceder para hacer uso de ese Bien Nacional de uso público", dijo la ministra.

Este requisito se cumple siempre que no exista otra vía o camino público al lugar (o sea, que deba pasar por predios particulares o fiscales), que la finalidad del acceso sea para desarrollar actividades con fines turísticos o de pesca, y que el acceso se produzca, necesariamente, a través de predios colindantes al cauce.

Solo para turismo y pesca

"El procedimiento para determinar el acceso, por su naturaleza, está establecido únicamente para los fines señalados, y en el caso de los ríos no puede ser fundamento para alterar el ejercicio de eventuales derechos de agua ya constituidos", explica la autoridad.

Durante el año pasado, hubo nueve denuncias por accesos a playas, lagos y ríos, pero todas fueron declaradas inadmisibles. Si bien se ha comentado el que, en el caso de los ríos y lagos, debería haber navegabilidad por buques de más de cien toneladas, la ministra Bravo dijo que "no es un criterio determinante en este caso, ya que el mismo sólo resulta trascendente para el otorgamiento de concesiones marítimas, y no dice relación con la fijación de acceso que corresponde al intendente regional".

100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) puede ser el máximo de la multa a aplicar.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, visitó ayer Calama, ciudad afectada por las lluvias del llamado "invierno altiplánico" y que mantiene a la provincia de El Loa como zona de catástrofe. Prokurica señaló que, de acuerdo a un informe preliminar de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el daño en el sector minero por el frente de mal tiempo podría llegar a los US$300 millones, debido a la paralización de faenas y destrucción de infraestructura en el caso de la gran minería, mientras que la afectación en la pequeña y mediana minería obedece a la destrucción de caminos y aterramiento de piques.

"Estamos haciendo varias gestiones con la finalidad de reponer la infraestructura", aseguró Prokurica, señalando que este viernes será la firma de un convenio entre el MOP y Minería donde participarán empresas del sector público y privado para "apurar" el mejoramiento de la infraestructura dañada, además de créditos financiados por Enami para fomentar la pequeña minería.

Asimismo, el ministro pidió al Sernageomin un levantamiento de información para efectos de un estudio de remoción en masa. "Es una cuestión evidente, que este no es el ultimo año que vamos a tener este problema, son los efectos del cambio climático", dijo. Este levantamiento se realizará, dijo, para que todos esos lugares que pueden significar riesgo para la población estén identificados y se determinen las obras que se pueden hacer en dichos puntos.

El ministro anunció, además. la implementación de un sistema de monitoreo de tranques de relave con cámaras en directo, y evaluación de los mismos en contacto con Onemi para enviar mensajes similares a los de riesgo de tsunami, en caso de que sea necesario. El sistema comenzará a partir de junio.