Para evitar accidentes por la manipulación de fuegos artificiales, es que la unidad fiscalizadora OS-11 de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Tocopilla lanzó una campaña denominada "Alto al Fuego" y que busca denunciar la venta ilegal de estos peligrosos artefactos explosivos.

La campaña es promovida por el Ministerio del Interior, Carabineros y la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), donde ayer se entregó folletería a la comunidad en pleno centro de Tocopillla con simples consejos para no tener que lamentar accidentes en esta fiesta de fin de año.

No usar, no comprar y no vender fuegos artificiales es la consigna de esta iniciativa, donde Carabineros hizo el llamado a que las familias hablen acerca de estos temas, especialmente con los más pequeños, para que no jueguen con fuegos artificiales en esta temporada de fin de año, tales como las estrellitas, petardos, saltarinas, chispitas y voladores, porque su mala manipulación puede causar graves quemaduras

Los uniformados instaron a la comunidad a que denuncie de forma anónima al 133 la venta de fuegos artificiales en el Puerto Salitrero, ya que eso se encuentra prohibido por la ley chilena.

En nuestro país, las multas por manipular estos artefactos van desde 1 a 10 UTM ($48.353 a $483.530) y además, si un niño es sorprendido usando elementos pirotécnicos, el papá o tutor legal deberá cancelar la infracción respectiva en el Juzgado de Policía Local.

Dos personas con lesiones de diversa consideración fue el resultado de un violento accidente vehicular ocurrido durante la tarde de ayer en las cercanías de Ramaditas, al norte de Tocopilla.

Este hecho, cuyas causas son investigadas por Carabineros de la Cuarta Comisaría, ocurrió pasadas las 14:00 horas cuando el chofer de una camioneta perdió el control de la máquina y se volcó al costado de la Ruta Costera B-1.

Por esta razón, los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Tocopilla, junto a los paramédicos del Samu y Carabineros, se dirigieron al lugar para ayudar a las personas, las cuales tuvieron algunas lesiones, pero no graves.

Se presume que la causa basal del hecho es que el conductor se habría quedado dormido, pero es materia de investigación.

Pablo Mamani Prado

Un total de 20 expulsiones judiciales son las que ha concretado la Sección de Extranjería y Policía Internacional de la PDI Tocopilla durante este año, en su mayoría por causas vinculadas al tráfico de drogas.

Los últimos casos se registraron durante esta semana, cuando dos hombres de nacionalidad boliviana fueron expulsados del país y devueltos a su nación, tras cometer un delito de tráfico en la ciudad y que obtuvieron una pena sustitutiva en virtud del artículo Nº34 de la Ley 18.216, accediendo de esta forma a la expulsión judicial otorgada por el Juzgado de Garantía de Tocopilla.

Aquí deberán cumplir con la condición de no poder entrar por los siguientes 10 años a Chile. Y en caso de regresar a nuestro país antes de que pase ese tiempo, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplirse el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.

Expulsiones

Según cifras de la Sección de Extranjería y Policía Internacional de la PDI Tocopilla dadas a conocer a La Estrella, durante este 2018 se ha dado cumplimiento a un total de 20 expulsiones judiciales, en un 90% por el delito de tráfico ilícito de drogas y un 10% corresponde al robo con violencia.

En cuanto a las nacionalidades de los extranjeros expulsados, el 90% corresponde a bolivianos y el 10% restante a colombianos.

Fiscalizaciones

Como parte de sus labores de control de la población migrante en la Provincia de Tocopilla, es que la Sección de Extranjería y Policía Internacional, junto a la Inspección del Trabajo y otras entidades, han desarrollado fiscalizaciones para ver si tanto empleadores como funcionarios cumplen con la normativa vigente.

Estos procedimientos se han realizado en María Elena y Tocopilla, controlando a 232 extranjeros, donde se han denunciado a 18 de ellos por incumplimientos a la ley laboral para migrantes, tales como trabajar con visa de turista, no se respetan días de descanso, entre otras irregularidades detectadas por los organismos.

10 años es el periodo en que las personas expulsadas no podrán ingresar a nuestro país.

90% de los casos donde se ha concretado la expulsión judicial, corresponde al tráfico de drogas.