Asistentes de la educación

Señor director:

Veo con gran preocupación la situación que están pasando los asistentes de educación de nuestra ciudad, porque a contar de enero nuestro alcalde les quitó un bono de $60.000 y amenazando a los trabajadores que si no firman un anexo -que arbitrariamente les puso sobre la mesa- seguirá quitándole beneficios, entre ellos, los bienios. Y todo con el poco apoyo de sus dirigentes, que se deben a la asamblea y no al señor alcalde.

Bajo estas circunstancias se llamó a una marcha el martes 10 de abril de 2018 a las 19:00 horas, la que no dio los resultados que se esperaban porque no los acompañaron sus dirigentes y muchos trabajadores, por sentirse amedrentados a seguir perdiendo beneficios como se lo hizo saber el alcalde a los dirigentes.

Bajo estas circunstancias sería bueno para la ciudad y los asistentes de educación que el edil hiciera una declaración pública el motivo o razón por la situación que están pasando estos tocopillanos.

Miguel Cortés Inostroza

Ley de Inclusión: ¿Solo una obligación?

La entrada en vigencia, el pasado 1 de abril, de la Ley de Inclusión Laboral N° 21.015 ha marcado un hito en la sociedad chilena, al visibilizar la discriminación que viven las personas con algún tipo de discapacidad para acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones. Al ser una ley, las empresas con 100 o más trabajadores deben destinar el 1% de su dotación de personal a trabajadores con discapacidad o que sean asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Todo ello con el espíritu de incentivar su inclusión al mundo laboral.

Desde una visión de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, al igual que todos los seres humanos, esta legislación resulta ser una discriminación positiva, dado que obliga a nuestra sociedad a poner atención y hacer ajustes para generar espacios de trabajo a quienes por años han sido considerados incapaces de producción económica. Aunque esta ley es un significativo avance en esta materia, surge la reflexión si esta realmente recoge el sentido más profundo de la inclusión. Así, ¿se contratará a estas personas solo para cumplir con la ley o porque realmente existe la convicción de que la discapacidad no es sinónimo de limitación?