La medida cautelar de prisión preventiva, por peligro de fuga, decretó ayer el Juzgado de Garantía de Antofagasta para el conductor que el domingo atropelló y dio muerte a Luis Alberto Cortés Bravo. El tribunal, sin embargo, fijó una caución de un millón de pesos para G.A.S.F., de 24 años, quien de pagar la suma recuperará su libertad, pero bajo arresto domiciliario total.
Así lo resolvió el magistrado Francisco Lanas Jopia, en una audiencia en la cual intervino la fiscal adjunto Gloria Araya Carreño y, por la defensa, Hugo León Saavedra. Una vez controlada la detención del albañil, la persecutora le comunicó que se le investiga como autor de los hechos ocurridos en Avenida Edmundo Pérez Zujovic con Venezuela, donde de madrugada la víctima de 32 años y padre de un niño de 12 permanecía sentada en la solera oriente de la calzada oriente de la vía principal.
En un momento el peatón cayó sobre la calzada, pero el imputado, que conducía- tras un adelantamiento -sin licencia por la primera pista de circulación al norte el automóvil Renault Clio, patente YD 9601 y de propiedad de su pareja, no se percató de su presencia, atropellándolo. El joven, que se habría enterado por la tarde a través de las redes sociales que por lo que pasó por encima la noche anterior, era el fallecido, continuó su marcha, mientras que el transeúnte murió a causa de un trauma craneofacial.
A juicio del Ministerio Público, lo ocurrido configura el delito previsto y sancionado en el artículo 195, inciso 3, de la Ley de Tránsito. Esto es, incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad, con resultado de muerte, que tiene una pena asignada que va de 3 años y un día hasta 5 años de presidio.
La abogada solicitó la prisión preventiva de G.A.S.F., por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga.
El imputado registra una condena por hurto simple del 2015 y declaró no haber bebido alcohol esa noche. Su defensor discutió la necesidad de cautela e hizo hincapié en que no tuvo intención de matar, solicitando se le aplicara una caución de 300 mil pesos.
Tras escuchar a las partes el juez resolvió, decretando además 180 días como plazo para investigar. Sus palabras fueron escuchadas con desazón por la familia de la víctima, afirmando una de sus hermanas, Yasna, que quedó "en shock, porque para él es fácil pagar un millón de pesos que junte la familia, y él queda libre y mi hermano muerto y toda la familia sufriendo".
Agregó que "tiene que pagar, no puede estar libre (...). Según él no estaba tomado, pero estamos claros que estaba con trago y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias; no vamos a dejar que quede libre."
