El ex comandante en Jefe de la Armada y ex senador, Jorge Arancibia, declaró ayer en calidad de imputado ante la fiscalía en la investigación sobre divulgación de noticias falsas sobre el origen de los incendios forestales. Durante la emergencia, Arancibia dijo en radio Agricultura que los aparatos de inteligencia del Estado habían informado al Ejecutivo sobre "quiénes son y dónde están" los responsables de los incendios. Tras declarar ayer, Arancibia se refirió al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, apuntando que "se permitió decir que yo mentía. Espero que tenga la hombría de reconocer que me dedicó un calificativo que no corresponde a un almirante". Más tarde, Aleuy señaló que Arancibia "modificó" su versión luego de su cita en la fiscalía, y apuntó que "en Chile la ley no hace diferencias entre un ciudadano normal y un almirante en retiro".

La fiscal a cargo de las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas por parte de la constructora brasileña OAS, Ximena Chong, descartó que la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet también esté siendo indagada por el Ministerio Público.

Esto, luego de que la revista brasileña Veja publicara la declaración de uno de los ex ejecutivos de OAS, quien vincularía a la Mandataria con presuntos dineros destinados a financiar su campaña presidencial. "Esa información no la tenemos incorporada en la carpeta de investigación, formalmente. Nosotros no nos hacemos cargo de informaciones de prensa, nosotros seguimos trabajando de acuerdo a los antecedentes que hemos recopilado", dijo la persecutora, quien ordenó el allanamiento de las oficinas de OAS en Chile.

Chong añadió que se están realizando gestiones con otros países latinoamericanos donde existen investigaciones abiertas sobre el caso. "Evidentemente existen coordinaciones con casos que pueden tener algún tipo de vinculación", dijo.

Jonás Romero Sánchez

Seis y media de la madrugada en Santiago. Andrés Gómez-Lobo, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, se apresta a presentar un nuevo bus para el sistema de transporte público capitalino, cuando un hombre menudo, de pelo corto y camiseta rosada, se acerca, presentándose como taxista.

"Mire, ahí tengo mi taxi, estoy pagando una letra de 361 mil pesos todos los meses, y no me alcanza (…). Póngase los pantalones y luchemos juntos contra la piratería", dijo el conductor, haciendo referencia a las plataformas digitales de transporte de pasajeros que operan en el país, como Cabify o Uber.

Sorprendido, Gómez-Lobo respondió: "Hay un proyecto de ley en el Congreso para regularlos". "¿Y de qué sirve?", retrucó el chofer, "lo que usted tiene que hacer es cortarlos de raíz, como en Argentina".

Luego, mientras el conductor se alejaba, Gómez-Lobo soltó la frase que desataría la reacción del gremio y la polémica del día: "Es que la gente prefiere Uber".

Gremio de taxistas

Luis Reyes, presidente de la Confederación Nacional de Taxis de Chile (Confenatach), dijo a La Estrella que los dichos de Gómez-Lobo "fueron demasiado livianos, y se contradicen con lo que nos ha dicho en reuniones".

Añadió que el gremio está expectante sobre el proyecto de ley que moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros, más conocido como "Ley Uber", ingresado al Congreso por el Gobierno el 25 de octubre: "Hay que aclarar si el proyecto tiene un avance, si está entre las prioridades del Gobierno. El ministro nos dijo que sí estaba".

Actualmente, según el Ministerio de Transportes, el proyecto de ley cuenta con urgencia simple, asignada por la presidenta Michelle Bachelet el 3 de enero de este año, y debería continuar con su trámite cuando se retome el año legislativo en marzo.

Al respecto, el gerente de EasyTaxi, Manuel Parraguez, indicó que "el Gobierno no le ve el peso y la carga que significa no tener regulación en ese mercado".

Desde Cabify señalaron, a través de un comunicado, que el "Gobierno haya decidido no priorizar la regulación del transporte remunerado de pasajeros es un retroceso importante, ya que es una discusión que lleva tiempo".

Cristián Santos Muñoz, bombero iquiqueño y voluntario de la compañía Victoria N°11 de dicha ciudad, denunció que la empresa de transportes donde trabajaba lo despidió mientras combatía los incendios forestales que afectan la zona centro sur.

"El lunes (30 de enero) me llamaron para consultarme si iba a ir a trabajar el martes, pero expliqué que estaba en el sur y que llegaría el jueves. Al día siguiente me llamaron y me dijeron que no me habían renovado el contrato", dijo Santos al sitio soyiquique.cl. Iván García, representante de la empresa, indicó a Soy que Santos "estaba con contrato a plazo en un servicio específico hasta el 31 de enero. En esa fecha paró los servicios la empresa mandante, por lo que finiquitamos al personal que estaba destinado a este servicio".