Pasadas las 21 horas de este sábado, la Confech finalizó el pleno que realizaron durante toda la jornada en las dependencias de la Universidad Central, para poder organizar lo que serán los pasos a seguir del movimiento estudiantil en las próximas semanas. El presidente de la FEUSACH y vocero Confech Patricio Medina, entregó detalles de las conclusiones de la reunión estudiantil. "Asegurar la gratuidad como un derecho y fijar el lucro como un delito, son las consignas que sacamos en limpio y que el Gobierno no está dando respuesta y también en demandas históricas", destacó el dirigente. En esa misma línea, Medina agregó "El Gobierno está en la parada de no dejarnos marchar en ningún espacio, porque quieren que marchemos sin permiso. Están jugando a quién rompe la ley primero", dijo.

"La ley de Educación Superior va a establecer con carácter permanente la forma en que vamos a ir aumentado los estudiantes con gratuidad. Lo hacemos, por cierto, atendiendo las condiciones económicas del país, pero estableciendo permanentemente y por ley un sistema gratuidad y calidad de la educación, irreversible", dijo, al tiempo que reconoció que la discusión será "compleja", dijo el ministro y vocero de gobierno Marcelo Díaz.

También hizo hincapié en que esto último es "muy importante", porque "quienes ya están con gratuidad contarán con el beneficio hasta el término formal de sus carreras. Hay distintas miradas, pero tenemos la convicción de que es posible avanzar en algo que todos queremos", concluyó.

Redacción - La Estrella de Antofagasta

Si no lo sabía, se lo explicamos en resumidas palabras. 54 diputados eran investigados debido a que estaban acusados de haber emitido entre 1996 y 2007 documentaciones falsas para que algunas personas obtuvieran el beneficio de pensiones otorgadas a exonerados políticos (cuando no lo habían sido).

Esta pensión se da a quienes, habiendo ocupado algún cargo público durante la dictadura, fueron 'echados' (exonerados) por motivos ideológicos o actos de autoridad, por lo que el beneficio de la pensión está destinada a subsanar ese hecho.

Más, un informe de contraloría en 2013 determinó que al menos unas 3 mil personas (en su mayoría afiliadas al Partido Socialista y al Partido Comunista) fueron beneficiadas por la pensión habiendo presentado falsas documentaciones, por lo que se realizó una investigación que estuvo a cargo de la jueza Mireya López, quien sobreseyó a los 54 diputados investigados "parcial y temporalmente", aludiendo a El Mercurio que no pudo definir 'ilícitos (faltas) legales'.

Razones

En conversaciones con el mencionado medio, la jueza aseguró que, "cuando hablo de certificados falsos me refiero a la falsedad material y no ideológica. Esto significa que alguien falsificó la firma al político. Por ejemplo, tengo muchos certificados de un ex diputado de la IV Región en los que aparece una firma parecida a la de él, pero está falsificada. En estos casos abrí otra arista y llamé a los parlamentarios, y se realizaron pericias caligráficas", explicó.

La magistrada afirmó que también interrogó a los asesores que trabajaron con los congresistas, para determinar quién las falsificó. Y ahondó en su decisión de sobreseimiento.

"Estos casos fueron sobreseídos parcialmente por el artículo del Código de Procedimiento Penal 409 N° 2, que significa que habiendo delito no se logró encontrar al autor de la falsificación", dijo.

En este sentido, manifestó: "Yo tengo que demostrar que el contenido del certificado es falso. Para ello no basta la confesión de un parlamentario sobre cómo emitió el documento. Debo demostrar que la afirmación es falsa, que esa persona no trabajó en el lugar que dice el certificado". Hasta son 13 las personas detectadas que obtuvieron el beneficio de manera ilícita.