Camila Infanta S.

La Presidenta Michelle Bachelet anunció ayer que Chile resolvió recurrir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, para que decida si el río Silala es un cauce internacional, como sostiene el país. La inédita decisión de demandar a Bolivia ocurre a meses de que el mandatario del vecino país, Evo Morales, anunciara que judicializaría el caso contra Chile.

El anuncio fue realizado en una entrevista a radio Zero y detallado minutos después por el canciller Heraldo Muñoz: "El Gobierno ha tomado esta decisión como una medida necesaria para defender nuestros intereses frente a una controversia que ha generado la conducta de Bolivia respecto a este río". Agregó que esto se presenta tras "intentos serios y variados para solucionar amistosamente esta discrepancia".

El río Silala, que toma diferentes nombres en su recorrido, nace a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, en Potosí (Bolivia), desde donde escurre hacía el Loa. El cauce avanza en algunos sectores por superficie y en otros en forma subterránea. Sus aguas son hoy utilizadas por faenas de Codelco y de Ferrocarril Antofagasta. Sin embargo, Bolivia acusa que Chile usa un cauce que no le pertenece. Cancillería habla de un torrente internacional y es eso lo que ahora tendrá que definir el tribunal, en un proceso que se iniciará a fin de mes, cuando la agente chilena, Ximena Fuentes, se reúna con su par boliviano y definan el itinerario. Para esto contará con el apoyo del ex titular del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña.

Los ex presidentes chilenos Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera emitieron ayer una declaración conjunta en la que resaltaron que se aspira a "poner fin al clima de incertidumbre que el gobierno de Bolivia ha tratado de crear". Mientras, Evo Morales, quien ayer se cortó un ligamento fugando fútbol, escribió en Twitter: "Si las autoridades de Chile tienen valores, deberían preguntar a La Haya a quién pertenecen los manantiales del Silala".

Cambio de clima

El analista internacional Guillermo Holzman rescató la intervención chilena y aseguró que es una medida que "responde a una serie de declaraciones y acciones que Bolivia empezó a implementar en torno a una potencial demanda. Chile lo que hace es tomar la iniciativa y, además, lo hace con bastante distancia de que se presente la contramemoria de la demanda marítima en el mismo tribunal" que está planificada para julio.

"Me parece positivo porque se defiende un interés concreto de la ley internacional vigente, que es acceder al 50% del cauce del Silala", recalcó el analista.

Bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó ayer el senador Jaime Orpis, imputado por presuntos delitos tributarios, de fraude al fisco y cohecho en el caso Corpesca, firma que según la fiscalía habría pagado $233 millones al ex UDI para que actuara a su favor en la legislación. El formalizado lo niega.

La jueza del cuarto juzgado de garantía de Santiago, Daniela Guerrero, desestimó la petición del Ministerio Público, que requería la prisión preventiva aludiendo un posible peligro para la sociedad; la reiteración con que habría cometido los ilícitos; y a la pena que se expone, que según el fiscal Emiliano Arias, "en ningún caso sería inferior a cinco años y un día".

La jueza desechó un posible fuga, sosteniendo que ha comparecido en cinco oportunidades y colaborado con la investigación.

Además, consideró que el senador no tenía antecedentes penales, que ha repuesto el perjuicio económico causado y que las eventuales penas a las que se expone son proporcionales a la cautela asignada, y no a una prisión efectiva. En esto último, planteó que la gravedad pasa porque se vincula con hechos de corrupción a un senador, lo que a su juicio no es comparable a delitos como un robo con intimidación.

Tras la audiencia, el fiscal Arias dijo que analizarán si apelan a las cautelares. Orpis se retiró en silencio, pero su abogado, Carlos Cortés, se declaró "muy satisfecho" con las medidas.

Lejos de las cámaras y las luces se mantuvieron ayer los aún candidato a la presidencia de Perú Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, 24 horas después de que cerraran las mesas electorales de la segunda vuelta presidencial. Hasta anoche, con el 94,1% de los votos contabilizados, 0,56 puntos porcentuales los separaban, liderando PPK.

Según las actas procesadas de la Oficina de Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Kuczynski tenía el 50,28% de los votos y Fujimori (hija de Alberto Fujimori, hoy en prisión) un 49,72%. Se cree que el 100% del conteo podría estar contabilizado el fin de semana, mientras se espera los datos de las zonas más alejadas del país y del resto del mundo.

Según reportó la ONPE, el 98,1% de las actas de votación en territorio peruano ya han sido procesadas, por lo que faltan unos pocos lugares de sectores más aislados, además de la mayoría de los votos en el exterior. Anoche se esperaba que esos votos llegaran.

La oficina también informó que la diferencia, en votos, entre ambos postulantes es de 90.904 votos. Es la más reñida de su historia.

Los expertos señalan que independiente de quién gane, Fujimori reconfiguró el panorama político .

En abril, su partido Fuerza Popular ganó 73 de los 130 escaños del congreso unicameral, convirtiéndose en la fuerza legislativa más poderosa de los últimos 16 años. Un eventual gobierno de Kuczynski sería el más débil desde 2000, porque solo tiene 18 parlamentarios.