La Presidenta Michelle Bachelet aseguró en una entrevista difundida ayer que su entorno directo no recibió dineros de la investigada minera SQM a cambio de favores políticos.

"No hay nadie cercano a mí que haya recibido sobornos", afirmó a la cadena CNN Internacional. "Porque eso significa cohecho y no hay nadie que yo conozca cercano a mí que sea acusado de cohecho", añadió.

El Ministerio Público envió la semana pasada un escrito a Estados Unidos, en el que solicitó posibles antecedentes que vinculen a esa compañía con las campañas presidenciales de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y Bachelet.

Ésta aseguró que "cualquier persona en Chile que pueda tener una acusación de esa naturaleza va a responder ante la justicia. Eso es lo importante, no importa si es alguien de la oposición o cercano al Gobierno que yo presido".

En esta misma causa, ayer declaró como presunto autor del delito de cohecho el ex ministro UDI Pablo Longueira.

La Moneda instruyó la apertura de una investigación administrativa, tras reconocer ayer que una de las tarjetas de la Presidencia para cargar combustible para la serie de vehículos fue clonada.

El monto defraudado habría llegado a los $19 milones, y se habría originado por una clonación en el sistema que el Gobierno tiene con Copec para abastecer a los vehículos en que se traslada la propia Presidenta Michelle Bachelet, sus escoltas, asesores y hasta por los que se moviliza a la prensa que acompaña a la Mandataria en sus actividades.

El engaño habría quedado en evidencia cuando en una revisión se detectó que los registros arrojaban cargos de bencina en patentes que ya habían dejado de utilizarse.

El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, reconoció ayer el problema, agregando que se produjo en la empresa Copec y que "la información que tengo es que los recursos habían sido reintegrados a las arcas fiscales".

Camila Infanta

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) interpuso ayer una querella en contra de seis médicos por presunta responsabilidad en la emisión de 145 mil licencias médicas fraudulentas durante cinco años, las cuales representan el pago de más de $1.200 millones en subsidios por incapacidad laboral.

Anteriormente los médicos ya habían sido sancionados administrativamente por la Suseso en más de una oportunidad, arriesgan multas de 50 UTM a 500 UTM (entre 2 y 22 millones de pesos) y penas de cárcel que pueden alcanzar los tres años y un día. Además tendrían la prohibición de emitir boletas por lo que dure la condena. Cuatro de los querellados están inscritos en el Colegio Médico.

Es la primera vez que la entidad fiscalizadora busca perseguir delitos con una querella criminal, las que se interpusieron ayer ante los juzgados de Garantía de Santiago, Puente Alto, Concepción y Rancagua por el delito de falsedad ideológica.

El superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes dijo que los médicos exceden por mucho el número de licencias emitidas regularmente por los profesionales, lo que sin duda, llama la atención.

"Hay uno que bordea las 30 mil licencias, teniendo en consideración que un médico en promedio emite alrededor de las 130 anuales", dijo.

Al 31 de marzo de 2016, el número de médicos sancionados por la Suseso alcanza a 216, incluidos 4 contralores de Isapre. De ellos, 44 son reincidentes.

El abogado del Colegio Médico, Adelio Misseroni dijo a radio Cooperativa que "si hay médicos involucrados, estos hechos pueden ser conocidos por el tribunal de ética que corresponda a la región que pertenece el médico y se les seguirá un juicio". De acuerdo a las sanciones, se estima que puede ser la expulsión, suspensión, censura y amonestación, según corresponda.