Rodrigo Tapia Jara
Uno de los últimos capítulos pareció inscribirse el viernes pasado en el pleito que sostienen, en el Tribunal de Garantía de la ciudad, Ariel Rojas Guerra y Abercio Muena Parra, ambos pertenecientes a la agrupación tocopillana "Los Indignados" y el alcalde de la comuna, Fernando San Román.
Esto debido a la denuncia que el edil interpuso contra estos dos ciudadanos, por presuntas amenazas de muerte, hecho ocurrido durante una reunión en la gobernación provincial, en la cual estaban presentes otras autoridades locales y donde llegaron sorpresivamente algunos representantes de Los Indignados.
Absueltos
En conversación sostenida con La Estrella, Marco Quevedo Villegas, abogado defensor de los dos acusados, sostuvo que "absolvieron a mis representados por la acusación del Ministerio Público de supuestos delitos de amenazas de muerte", en contra del alcalde Fernando San Román.
"Después de varias audiencias, en que el Ministerio Público ofreció salidas alternativas con tal que no nos fuéramos a juicio, en la audiencia de hoy (viernes) el tribunal absuelve a mis representados en ese cargo a pesar de la declaración de tres testigos", agregó el abogado.
Asimismo, Quevedo, indicó que "el tribunal considera, de todas maneras, que mis representados habrían usado expresiones impropias dentro de esa oficina, dirigidas a Fernando San Román, garabatos, y los condena por un cargo menor, que es una falta, que se llama 'Falta de Respeto a una Autoridad' y los condena a pagar una multa".
Sin embargo, advirtió que "Nosotros vamos a recurrir a esta sentencia, ya que consideramos que no se debe penalizar a una persona, por usar expresiones en un contexto de crítica política y de pasiones personales".
Por su parte el alcalde de la comuna comentó que "somos respetuosos de los dictámenes judiciales" y que "daban por superado este tema", a lo que agregó que "judicialmente quedó acreditado que nosotros habíamos sido insultados, que se habían hecho amenazas, lo que el tribunal estimó es que esas amenazas no eran creíbles, no eran amenazas que se iban a concretar y lo calificó sólo como falta de respeto".
2 UTM aproximadamente es lo que deben pagar las personas que son acusadas por esta falta.
Tres testigos presentó el alcalde Fernando San Román para apoyar su tesis de las amenazas de muerte.