La diputada Marcela Hernando Pérez, informó que tres sumarios administrativos fueron iniciados por la Contraloría General de la República a propósito de la demolición de la infraestructura pública de la Plaza de los Eventos que autorizó la Municipalidad de Antofagasta, con el fin de realizar allí las ramadas populares el año pasado. Lo anterior luego de una denuncia hecha por la diputada radical tras el evidente deterioro y destrucción del espacio. Agregó que la autoridad edilicia debió pedir autorización a la Capitanía de Puerto para arrendar el lugar, objetando además que los trabajos de demolición hayan sido realizados por terceros y para fines de lucro privado.
Tras conocer el procedimiento iniciado por el órgano contralor en contra del municipio, la congresista señaló que el terreno donde se ubica la Plaza de los Eventos fue entregado a la administración de la Municipalidad en concesión marítima, por lo que se rige por normas y decretos de los Ministerios de Hacienda y Defensa sobre el régimen de concesiones. "Contraloría señala que los concesionarios -y en este caso la Municipalidad- que deseen arrendar todo o parte de una concesión marítima mayor o menor, lo manifestarán por escrito a la capitanía de puerto, y esto la autoridad municipal de Antofagasta no lo realizó". Desde Valparaíso la legisladora resaltó la investigación por las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en la tramitación de la autorización de demolición de infraestructura pública, recordando que "en el contrato del municipio con los ramaderos, se autoriza expresamente a los ramaderos a demoler cualquier obra que les molestara para su instalación. Contraloría señala además que el municipio autorizó la demolición de infraestructura construida en el lugar con recursos públicos, para facilitar el desarrollo de actividades lucrativas por parte de terceros privados".
Cristian Flores, director de asesoría jurídica de la muni, confirmó que fueron notificados de la investigación y que ellos han realizado diversas gestiones para dar cumplimientos a los requerimientos de la Contraloría, como la cobranza de todos los permisos que fueron otorgados a los ramaderos y no habían sido cancelados. Además comentó que interpusieron una demanda judicial por incumplimiento contractual e indemnización de perjuicio. "En base a ello hay una asociación ya notificada", señaló.
