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Desalojo por "bomba": ahora fue el turno de la intendencia

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La posibilidad de interponer una denuncia por alarma pública evalúa la Gobernación Provincial de Antofagasta, luego del desalojo del edificio de la intendencia que obligó ayer la información sobre un presunto artefacto explosivo.

Así, por segundo día consecutivo, Carabineros desplegó un operativo que si bien terminó con resultados negativos respecto a la presencia de una bomba, sí causó la preocupación en las autoridades.

El dispositivo se activó alrededor de las 10:10 horas y mientras el intendente Valentín Volta entregaba en un céntrico hotel la cuenta pública del Gobierno Regional, por lo que fue la gobernadora provincial, Fabiola Rivero, quien se constituyó en el lugar.

EVACUACIÓN

Carabineros de la Tercera Comisaría desalojaron a los cerca de 300 ocupantes del edificio de Prat con San Martín y los inmuebles colindantes, siendo suspendido el tránsito peatonal y vehicular en sus inmediaciones. En paralelo, un equipo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) revisaba las instalaciones, esto es, sus 7 niveles.

Luego de casi media hora, la sección especializada daba por finalizado su trabajo desestimando la presencia de algún artefacto. Así lo confirmó el prefecto de Antofagasta, coronel Robert Morales, quien explicó que todo tuvo su origen en una información entregada desde Santiago vía telefónica a un funcionario de la intendencia. "Carabineros, con los protocolos de acción autónomos que tiene, procedió a desalojar el edificio y el GOPE posteriormente hizo una revisión de los 6 pisos, más el subterráneo, descartándose cualquier tipo de artefacto explosivo o paquete sospechoso".

Respecto a una posible vinculación del hecho con el falso anuncio de bomba del lunes, que motivó la evacuación de trabajadores y usuarios del Tribunal de Familia, el jefe policial indicó que "organismos de inteligencia trabajan día a día y están recabando la información necesaria y oportuna y, si es necesario de acuerdo a esta información que recopilemos, damos cuenta al Ministerio Público".

CONFUSIÓN

Según trascendió, la información llegó a Antofagasta por equivocación, ya que los antecedentes originales daban cuenta de un posible hecho de esa naturaleza en la intendencia de Tarapacá. Sin embargo, en el proceso de confirmación se habría dado el malentendido.

El cómo nació la información es hoy de vital importancia para la gobernadora provincial. "Si efectivamente encontramos la raíz de este rumor, la raíz de esta alarma, vamos a evaluar la interposición de una denuncia porque nada justifica que se conmocione a la comunidad con la posibilidad de tener artefactos explosivos en dos servicios de tanta importancia." J

l Iris González Gamboa

Más de 100 detenidos en un mes

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l A 130 ascienden las detenciones por órdenes vigentes y delitos flagrantes, concretadas por personal de la PDI Antofagasta en lo que va corrido del presente mes.

Según informó la institución, de los aprehendidos, 30 mantenían antecedentes policiales.

Todos ellos se encontraban evadiendo el accionar policial cambiando constantemente de domicilio, sin embargo "sus esfuerzos" no fueron suficientes para impedir su arresto.

DELITOS

Por ello, la PDI destacó los resultado del trabajo de los efectivos y su trabajo de análisis e inteligencia para poder dar con el paradero exacto de cada una de las personas que registraban dichas órdenes de detención.

En la mayoría de los casos, los detenidos son personas con requerimientos por los delitos de robo, robo con intimidación, pensiones de alimentos, abusos sexuales, violaciones e infracciones a la Ley de Extranjería.

EN LA REGIÓN

A los detenidos se suman otros 120 conseguidos en las prefecturas de Tocopilla y El Loa de la policía civil, ya que en dichas comunas fueron también sacados de circulación delincuentes con amplios prontuarios y por delitos flagrantes.

La institución informó que el trabajo en la materia tiene como finalidad dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía en el contexto del programa "Gobierno, Policía y Comunidad", cuyo objetivo principal es mantener una presencia policial y dar cumplimiento a órdenes de detención pendientes emanadas de los tribunales de justicia. J