El ministerio de Salud (Minsal) tendrá que asegurar que en todas "las regiones y en todos los lugares exista la posibilidad de acceder a una atención (de interrupción del embarazo) cuando sea necesaria". Así lo afirmó ayer la ministra de Salud, Carmen Castillo, quien agregó que será un debate que se tiene que dar en el Parlamento (a partir de marzo) escuchando a los diferentes actores.
Sobre la capacidad que tendrán los establecimiento públicos para abarcar la demanda en el caso de que el proyecto se convierta en ley, la secretaria de Estado agregó que "tenemos la seguridad que contamos con un sector fortalecido, que podrá dar respuesta a los requerimientos y a lo que se defina cuando salga del Congreso".
Proyecto suma rechazo
La afirmación de la ministra de Salud la hizo luego de la polémica que desató el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, al asegurar que en ninguno de los centros de la red UC Christus se practicará un aborto, aunque este ponga en riesgo la vida de la madre, sea un feto inviable o sea producto de una violación, las tres causales que el Gobierno busca despenalizar.
La negativa de recintos privados a realizar este tipo de procedimientos comenzó por la red UC Christus, y a la institución se le sumó el lunes el Hospital Parroquial de San Bernardo y la Clínica de la Universidad de los Andes. Ayer, además, se conoció que la Red Salud, propiedad de ILC que abarca las Clínicas Tabancura, Bicentenario, Avansalud, Arauco Salud, Clínica Iquique, Hospital Clínico de Viña del Mar y otros 11 establecimientos regionales, también se negarán a realizar abortos.
Al respecto, la ministra Carmen Castillo recordó que el proyecto contempla "una objeción de conciencia (...) las posturas personales aquí tenemos que trabajarlas de alguna manera con un trabajo serio, de equipo y ojalá llegar a un consenso".
Dentro de las críticas que ha recibido el proyecto de despenalización del aborto en tres causales, ayer la senadora UDI, Jacqueline van Rysselberghe, indicó que la norma puede abrir el paso a abortos en embarazos no deseados. "Así como está planteado, uno puede decir que fue violación sin tener que explicar nada más, porque el derecho a confidencialidad está por sobre el costo de los derechos", dijo. J
l Camila Infanta S.
