Lucro

Señor director:

Hace poco nos hemos enterado que algunos senadores oficialistas han impulsado la idea de prorrogar la obligación legal que poseen las escuelas particular subvencionadas, según la ley 20.845, de dejar de operar como sociedades comerciales y transformarse en organizaciones sin fines de lucro.

Al respecto resulta oportuno recordar las palabras del diputado conservador, periodista y escritor nacional, don Zorobabel Rodríguez, quien en el año 1875 les decía a sus colegas parlamentarios que el carácter mercantil de las escuelas no es algo desdoroso sino que por el contrario es algo digno, tal como lo es todo medio honrado de ganar la vida, y que el enseñar es uno de los medios más decorosos que existen.

Lamentablemente a casi 150 años de que se verificaran las palabras del decimonónico político nacional, nuestro Gobierno continúa interesado en quiénes son los dueños de las escuelas y bajo qué figura legal utilizan su infraestructura, mientras tanto, la calidad del servicio escolar entregado sigue al debe. Ejemplo de esto son los resultados del último Simce de escritura, el cual indica que más de la mitad de los niños que cursan sexto básico escriben textos con problemas significativos de coherencia.

Iván M. Garay Pagliai

Prisión preventiva y huelga de hambre

La prisión preventiva debe ser la última solución con la que cuenta el Poder Judicial para asegurar los fines personales del procedimiento penal. Esto quiere decir que el Ministerio Público debe acreditar en una audiencia pública que existen antecedentes calificados para demostrar que se ha cometido un hecho punible, que el imputado haya tenido participación en él, y que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad, de la investigación, o de la víctima. Una vez acreditado lo anterior, hay que demostrar también que no se puedan asegurar los fines del juicio con otra medida menos gravosa, por ejemplo, un arresto domiciliario, o un arraigo nacional o local. Para que se pueda sustituir la medida, la defensa tiene que desacreditar la necesidad de cautela. Si el Estado ha logrado demostrar que la libertad del imputado es peligrosa, es deber de la defensa acreditar lo contrario. Pero, tampoco puede la prisión preventiva significar una pena anticipada. Claramente, una huelga de hambre, o medidas de presión extrajudiciales no desacreditan la necesidad de cautela. Todos los extremos son peligrosos. Existen mecanismos legales para modificar una medida cautelar, pero no, una huelga.