Apoyo a la Presidenta

Señor director:

Las recientes cifras entregadas respecto al apoyo que posee la Presidente Bachelet son muestra de la distancia entre los intereses de las personas y los intereses ideológicos de la coalición gobernante.

Mientras las comunidades escolares persiguen la calidad y el éxito académico, el Gobierno se dedica a perseguir al fantasma del lucro.

La Ley de Inclusión anota que los colegios deberán constituirse en personas jurídicas sin fines de lucro, debiendo ser dueños de los inmuebles donde operan, estableciendo además una serie de disposiciones respecto al uso de los recursos originados en la subvención. Lo anterior no hace más que rigidizar la gestión de las escuelas y abocar gran esfuerzo en cumplir los requerimientos del Gobierno. Por su parte, alumnos y apoderados se preguntan si podrán seguir estudiando en sus colegios, si aquellos serán gratuitos o no, a lo que se suma la incertidumbre que genera la comúnmente conocida tómbola, a saber: los software que asignarán a los alumnos a las escuelas cuando exista más demanda que cupos.

Lo indicado claramente no repercute en el rendimiento que se obtiene en las aulas y se aleja de los anhelos de los que mes a mes son consultados respecto a su apoyo a la Presidenta.

Iván M. Garay Pagliai

Gendarmería

Esta importante institución se encuentra lamentablemente bajo el ojo de un huracán. Y no es para menos. El concepto "corrupción", en su sentido amplio, se refiere a cualquier actividad contraria a la función pública, sea o no constitutiva de delito. A raíz de ello, me parece muy triste que una alta autoridad de la República justifique un comportamiento que claramente atenta contra la mencionada función pública, como lo es buscar un resquicio legal para abultar una pensión de jubilación. La explicación de que un funcionario actuó "legalmente" o señalar que contaba con el visto bueno de Contraloría, no son argumentos válidos para justificar un actuar corrupto. Se actuó mal, y los involucrados lo saben. Lo mismo se puede señalar a propósito de las licencias médicas cuestionadas. El aparato estatal es burocrático, todos lo sabemos, muchos de los sueldos de nuestros funcionarios públicos también son bajos, también lo sabemos, pero nada de eso justifica o explica comportamientos que afecten la probidad administrativa o la función pública. Es el momento de que cada uno de nosotros actúe. Recordemos que el Tratado de la OCDE nos señala que el combate contra la corrupción comienza a partir de cada uno de nosotros.