Felipe Rioseco
En las últimas dos semanas los suplementos deportivos de los diarios nacionales han sufrido una mimetización tenue con la crónica roja. De goles, peleas por el título y equipos angustiados por el descenso se ha hablado poco.
Mucho se ha escrito, en cambio, de dirigentes acusados de fraude, futbolistas declarando en tribunales de justicia y policías intentando allanar la sede de la ANFP.
Hace diez días, por ejemplo, Sergio Jadue huyó del país rodeado de carabineros y asegurándole a un cúmulo de micrófonos que iba a Miami de vacaciones. 24 horas después, sin embargo, la ANFP oficializó su renuncia y se confirmó que Jadue en realidad viajó para declarar ante el FBI.
En el Monumental, mientras, Esteban Paredes era detenido acusado de receptación: el delantero compró tres televisores robados y fue formalizado en San Bernardo.
Y, después de todo eso, Michael Ríos, un jugador de Universidad Católica con fama de disciplinado, fue detenido por formar parte de una banda dedicada al robo de nueces. Un delito no tan elegante como el de las televisiones pero, ante la justicia, igual de grave. Pasó la noche del miércoles detenido y ayer fue formalizado por receptación.
La crisis
En un análisis cultural, hace unos días Rubén Selman teorizó con que los problemas que rodean al fútbol obedecen a la realidad del país, e hizo eco, de alguna manera, de la frase del hombre más bueno de Chile, Benito Baranda: "Hay una crisis moral muy grande".
Lo ratificó, más tarde, Ricardo Abumohor en CNN. El ex presidente de la ANFP y actual presidente de O'Higgins criticó a Jadue y aportó con una opinión ambigua, similar a la denuncia realizada por Chandía: "Yo siempre supe que habían cosas que no eran normales, pero no habían pruebas".
Del Sifup, mientras, se reconocieron preocupados por la realidad del fútbol chileno aunque, en una excusa diplomática, afirmaron que entregarán su versión oficial en un noticiero de tv.
"malentendido"
Ayer el Ministerio de Justicia acusó a la ANFP de negarle el acceso a sus libros contables y, de esta forma, obstruir la investigación que realiza sobre los dineros que maneja en base a su condición de "fundación sin fines de lucro". Desde Quilín, en una reacción instantánea, calificaron todo como un "malentendido" y aseguraron que los libros están a disposición de la Justicia.
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